Una transacción de Bitcoin genera los mismos desechos electrónicos que tirar dos iPhone a la basura
El avance tecnológico ha traído innovaciones que han facilitado nuestras vidas. Sin embargo, estas tecnologías acarrean efectos secundarios que a menudo son pasados por alto. La popularidad del Bitcoin, la primera y principal criptomoneda del mundo digital, es un claro ejemplo de esta dualidad. Mientras que sus transacciones descentralizadas prometen una nueva era financiera, un estudio reciente desvela una verdad incómoda: la minería de Bitcoin genera una gran cantidad de residuos electrónicos, comparable al descarte de dos iPhones por transacción.
El uso de criptomonedas está cada vez más extendido. Hoy en día, las criptos circulan en diversas áreas de la sociedad, incluido el espacio físico. En España, hay varios cajeros automáticos de Bitcoin, más de 3.600, especialmente en Madrid y Barcelona. Algunas plataformas de intercambio ofrecen tarjetas que permiten el uso de saldo en criptomonedas en lugares físicos. El país también es pionero en la compra y venta de inmuebles con criptoactivos. El entretenimiento no se queda atrás, ya que algunas altcoins están vinculadas a servicios de streaming, hay juegos de criptomonedas e incluso casinos en línea que solo aceptan Bitcoin como forma de pago. Incluso, existen granjas de criptomonedas en España, como las detectadas en Alicante. Algunas hasta fueron desmanteladas por utilizar conexiones eléctricas ilegales.
Bitcoin es un método de pago descentralizado que ofrece privacidad y autonomía, sin embargo, su impacto en la sociedad no es únicamente positivo. El problema principal reside en la obsolescencia acelerada de los chips ASIC, esenciales para la minería de Bitcoin. Estos dispositivos, especializados y de alto rendimiento, tienen una vida útil sorprendentemente corta, de aproximadamente 1,29 años. Esta rápida sustitución está impulsada por la búsqueda constante de mayor eficiencia energética, una necesidad para mantener la rentabilidad en la minería de criptomonedas. Como resultado, se estima que la red Bitcoin genera más de 30,7 kilotones de equipos desechados anualmente, una cantidad de residuos que rivaliza con la producida por un país entero como los Países Bajos. Las operaciones solo en China podrían producir 130 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2024, con el sistema actual de minado.
Además, el impacto específico por transacción es alarmante: cada operación de Bitcoin produce aproximadamente 272 gramos de residuos electrónicos, lo que equivale a los residuos generados al desechar dos iPhone 12 Mini. En 2020, el volumen total de transacciones de Bitcoin fue de 112,5 millones, lo que subraya la magnitud del problema. El alto consumo de electricidad necesario para mantener operativos los equipos especializados (ASICs) que realizan cálculos complejos es otro problema, aunque más del 50% de los grupos de minería se abastecen con energías limpias. Un estudio de la Universidad de Cambridge estima que la red de Bitcoin consume más de 121 teravatios-hora (TWh) anualmente. Estas cifras enfatizan la seriedad del asunto ambiental y nos invitan a reflexionar sobre el verdadero costo de la conveniencia digital.
Este panorama exige un cambio en la industria de las criptomonedas, principalmente porque España está entre los países que generan gran cantidad de basura electrónica a nivel global. La adopción de prácticas más sostenibles, como el desarrollo de hardware de minería de mayor longevidad y el reciclaje eficiente de componentes electrónicos, deben ser los primeros pasos para cambiar esta realidad. Además, la mejora de algoritmos de minería que requieran menos recursos computacionales podría reducir mucho el impacto ambiental de esta actividad. Una de las estrategias adoptada por España para minimizar el impacto ambiental de la minería de criptomonedas es la transición de modelos de consenso de "Proof of Work" (PoW) a "Proof of Stake" (PoS), lo que reduce el consumo energético al no requerir de hardware especializado para validar transacciones.
La concienciación de los usuarios sobre las implicaciones ambientales de sus elecciones digitales es otra medida importante en esta lucha. Al entender el verdadero costo de las transacciones en criptomonedas, podemos fomentar una demanda por soluciones más verdes y responsables. El proyecto de Ley MiCA en Europa busca regular el mercado de criptomonedas, incluyendo aspectos de sostenibilidad. Iniciativas como el Crypto Climate Accord buscan comprometer a diferentes actores de la industria cripto para alcanzar cero emisiones en el consumo eléctrico para 2030 y asegurar que todas las transacciones de blockchain operen con energías renovables para 2025. La transacción de Bitcoin, aunque sea una innovación financiera, conlleva un costo ambiental que ya no puede ser ignorado.